México (Prensa Latina) La aprehensión del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y su aceptación de testigo protegido, destapa la olla podrida de la corrupción en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que ello permitirá «aclarar muchas cosas, porque se va a saber si se compró la reforma energética» aplicada por su antecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), mediante la cual se destruyó el sector con una virtual quiebra de Pemex y la Comisión Federal de Energía (CFE).
La idea era, según el mandatario, poner en crisis a las dos empresas estatales más importantes del país para privatizar totalmente el sector con lo cual el petróleo y la generación de energía eléctrica quedarían a cargo de la iniciativa privada, principalmente extranjera, con las petroleras norteamericanas y las eléctricas de España a la cabeza.
Con López Obrador ocurre lo impensable por los que apostaron a ese panorama: los cuatro ejecutores más importantes de la ola de corrupción que puso al borde de la quiebra a Pemex y la CFE, están presos en México, España, Estados Unidos y Canadá.
España accedió extraditar a Lozoya, en Estados Unidos se tramita la de Genaro García Luna, brazo derecho del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y en Canadá a Tomás Zerón, involucrado con el cártel de Guerrero, estos últimos bajo el gobierno de Peña Nieto.
Lozoya es el más mencionado por estar ya en México y haber comenzado a hablar como prometió, pero sin revelaciones públicas hasta ahora, en tanto López Obrador prometió que todo lo que diga se publicará, aunque ya se saben muchas cosas.
El propio López Obrador adelantó algo al señalar que la relevancia del caso Lozoya no sólo se circunscribe a la reforma energética por la cual se fraguaba la quiebra de Pemex y de la CFE, sino también al asunto Odebrecht y sus sobornos para obtener contratos.
De igual manera, la compra con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, empresa subsidiaria de Altos Hornos de México de Alonso Ancira, también detenido en España pero ya en libertad condicional tras el pago de un millón de euros.
Según los trascendidos, Lozoya entregó 15 horas de grabación de supuestas negociaciones y presuntos sobornos que se dispersaron no solo respecto a Odebrecht sino también para aprobar la Reforma Energética del gobierno de Peña Nieto que hundió al sector, así como la compra de las plantas Fertinal y Agro Nitrogenados en 2014.
En diciembre de 2016, la constructora brasileña llegó a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, para reducir sus sanciones económicas y sentencias a cambio de dar detalles de los sobornos que dio a distintos funcionarios de varios países, entre ellos de México.
Dicho compromiso sirvió también de marco para un montaje contra el gobierno de Venezuela a fin de intentar sacar al presidente Nicolás Maduro, y contra Luiz Inácio Lula da Silva para impedir su participación en las elecciones que ganaría holgadamente en Brasil.
Esto tomando como plataforma una «investigación» que comenzó en una gasolinera en Brasil llamada Lava Jato, la cual alcanzó a funcionarios latinoamericanos como el peruano Alan García, quien se suicidó antes de enfrentar su arresto.
Odebrecht pagó cerca de 800 millones de dólares en sobornos en toda la región para obtener contratos con valor global superior a los tres mil 340 millones de dólares.
Solamente en el caso Lozoya, la constructora repartió sobornos por 10,5 millones de dólares en México en varias partidas, una de ellas por 4,5 millones de dólares de 6,0 millones remitidos a un personaje con el seudónimo de «Latino».
A cambio obtuvo contratos energéticos clave en México como el proyecto Los Ramones Fase II Norte, promovido por Pemex, para la adquisición de materia prima de la planta petroquímica Etileno XXI, y otro plan en la refinería de Tula, Hidalgo.
Tres exdirectivos de Odebrecht, Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva confesaron, como parte de un acuerdo para reducir sus condenas, que el principal beneficiario de los sobornos en México fue Lozoya.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló recientemente que de los 10,5 millones de dólares, tres millones 150 mil dólares fueron destinados a Lozoya, 5,6 millones se asignaron al personaje identificado como «Latino» y cuyo nombre real no se ha revelado, y de 1,6 millones restantes no se precisa el destinatario.
Las transferencias fueron realizadas a través de Zecapan SA, una empresa fachada creada en Islas Vírgenes Británicas, vinculada con Lozoya y su familia, incluida su esposa.
Lozoya habría recibido además casi cuatro millones de dólares más por la empresa Altos Hornos, por la compra de una fábrica inservible de fertilizantes que nunca pudo operar con un sobreprecio además de 200 millones de dólares. Gracias a Lozoya, México pagó casi 500 millones de dólares por pura chatarra.
La Fiscalía General de la República lleva, además, el expediente conocido como La Estafa Maestra que involucra a Lozoya y a 11 dependencias federales del gobierno de Peña Nieto, ocho universidades, más de 50 funcionarios y 186 empresas, donde se repartieron 350 millones de dólares en contratos ilícitos.
Por La Estafa Maestra, sólo Rosario Robles, exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto, enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, y ahora decenas de presuntos culpables tienen sus bardas en remojo.
Los trascendidos indican que en Pemex, con Lozoya, ocurrió el presunto desvío entre las 11 dependencias involucradas, con tres mil 576 millones de pesos (más de 162 millones 500 mil dólares); nadie ha sido condenado, y por eso hay tanto nerviosismo ante la posibilidad de que enliste a las decenas de encartados en el fraude que, además, deberán devolver lo robado.
López Obrador proclamó que el objetivo no es solamente encarcelar a los culpables de tamaña corrupción, sino recuperar el dinero robado y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que ya se han congelado 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas con el caso Lozoya.
Reconoció que hay más funcionarios relacionados en el expediente Odebrecht, por lo que aseguró se realizarán las investigaciones, pero descartó dar más detalles al respecto porque la indagatoria se encuentra en curso.
Aunque tampoco se han hecho público los nombres de los involucrados, la revista Proceso menciona que en su primera declaración firmada en España por Lozoya solo en el caso Odebrecht, menciona a los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y al exfuncionario Luis Videgaray Caso, quienes presuntamente realizaron negociaciones y autorizaron contratos con la empresa brasileña.
En la instalación hospitalaria, donde todavía se encuentra recluido, el extitular de Pemex comenzó a hablar y, con base en esos testimonios se llamará a los testigos e involucrados en el caso Odebrecht, según fuentes cercanas a la Fiscalía.
La primera declaratoria de Lozoya en España fue filtrada a militantes del Partido Acción Nacional, principal opositor al gobierno de López Obrador, identificados con Calderón presuntamente por el periodista español Antonio Navalón, cercano al juez Baltasar Garzón, defensor del exjefe de Pemex, según lo publicado el viernes 17 de julio en El Universal por el columnista Mario Maldonado.
Según Maldonado, es probable que estén involucrados integrantes del círculo calderonista, legisladores en esa época, entre ellos Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas, así como Mariana Gómez del Campo, Luisa María Calderón y Gil Zuarth, pero todavía no hay revelaciones explícitas.
Es factible que también estén implicados José Rosas Aispuro, Francisco Domínguez, Carlos Mendoza Davis, Martín Orozco y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes hoy son gobernadores de Durango, Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes y Tamaulipas, respectivamente.
La olla podrida de la corrupción está al fuego y reverbera como nunca nadie imaginó. La aprehensión de esos cuatro individuos, y la gestión por extraditar a los tres que faltan, más el empresario dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, y otros exfuncionarios que huyeron del país, expresa la voluntad de López Obrador de terminar con la corrupción en México.
Lo más polémico de la postura del mandatario es su insistencia en no procesar judicialmente a los expresidentes implicados en esos y otros actos ilícitos, actitud que ha reiterado en las numerosas ocasiones, en las cuales se le ha criticado o cuestionado al respecto.
En la última ocasión en que abordó el tema en una mañanera a instancias de los periodistas, quienes argumentaron cómo los caminos de esos grandes hechos de corrupción conducen sobre todo a Felipe Calderón y Peña Nieto, el mandatario dijo que, en última instancia, lo sometería a consulta popular y si la gente decide que esos exgobernantes sean juzgados, lo acatará.
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